Samuel Aguirre Ochoa

Desde hace más de 20 años miles de familias de los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste en el Sur del estado vienen trabajando para formar sus colonias e introducir los servicios básicos que les permitan una vida digna, tal como lo establece la Constitución General de la República en su artículo cuarto y la Ley Federal de Vivienda. Durante todo este tiempo se han formado las siguientes colonias: San Miguel Arcángel, La Guadalupe, Sección 11, La Candelaria, La unidad Militar, San Regino a Orillas del Río, El Oasis, Monte Albán, Santa Teresita, El Rodeo, Nuevo Progreso, 20 de noviembre, la Unión y la Margarita Morán Véliz. Todas se establecieron dentro del perímetro de un predio que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología le expropió al ejido Amatitán en octubre de 1986 con una superficie de 336 hectáreas.

Las 5 primeras fueron “regularizadas” por la sección 11 del Sindicato de Petroleros y cuentan con la mayoría de los servicios. Las 9 colonias restantes no han concluido su proceso de regularización para que sus habitantes cuenten con un documento que legitime su propiedad, sin embargo, 3 de ellas tienen el servicio de electrificación definitivo (realizado por la Comisión Federal de Electricidad), las restantes cuentan con los servicios de luz y agua potable provisional y el ayuntamiento de Nanchital los ha apoyado con maquinaria para emparejar las calles.

Estas últimas 9 colonias iniciaron su proceso de regularización en el 2014 con la solicitud ante, la entonces Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), sin embargo, en el proceso de gestión se dieron cuenta que dichos predios no eran ejidales y, por tanto, no correspondía a esta institución regularizar; los predios pertenecían a la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Pertenecían a esta última debido a que el decreto expropiatorio realizado en favor de la SEDUE, tuvo como propósito dotar a la sección 11 del Sindicato de Petroleros terrenos para vivienda, pero en una cláusula quedó establecido que, si en un período de 5 años no eran utilizados para tal fin, los terrenos pasaron a la propiedad del gobierno federal.

Fue por esta razón que las gestiones de regularización por parte de los colonos, encabezados por el Movimiento Antorchista, se redireccionaron ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo gubernamental que reconoce que efectivamente los terrenos, a estas alturas, son propiedad federal a resguardo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

A estas alturas el INSUS, llevó a cabo los trabajos técnicos informativos consistentes en la elaboración de la poligonal de las 336 hectáreas, la poligonal de cada una de las colonias y los planos individuales de cada lote, trabajos que fueron elaborados en el año 2018 por la delegación de Xalapa, que en su momento estaba a cargo del Lic. Mario Castañeda Aburto, y que fueron turnados a las oficinas centrales del INSUS y del INDAABIN en la Ciudad de México en el período de 2018 a 2019, informes de los cuales se tienen fotocopias firmados por el Ing. Vicente de Jesús Mendoza Torres, responsable del área técnica del INSUS.

Paralelamente a este procedimiento, que es el que establece en la ley para la regularización de estas colonias, los vecinos siguieron otra estrategia legal consistente en recurrir al procedimiento de prescripción positiva, que a estas alturas se resolverá positivamente pues la gente ya tiene muchos años habitando sus lotes de manera pacífica, pública e ininterrumpida. Es decir, se están siguiendo dos vías para tratar de asegurar la regularización de estos terrenos.

A pesar de esto, hay intereses económicos y políticos en la zona que han pretendido quitarle los lotes a la gente por medio de la violencia. El primer caso se dio en el 2015 en la colonia El Rodeo, cuando la presidenta municipal de Nanchital, Brenda Manzanilla Rico, en contubernio con la directiva del Sindicato de Petroleros, intentaron desalojar a los colonos utilizando maquinaria pesada y la fuerza pública, cosa que no lograron debido a la resistencia de la gente y al apoyo de los vecinos de otras colonias que acudieron en su ayuda.

A pesar de que no lograron su primer objetivo, los intentos de arrebatarle una parte del terreno a la gente no han cesado, con la variante de que ahora también está de por medio una poderosa empresa gasera denominada Sales del Istmo S.A (CYDSA).

A estos poderosos intereses económicos y políticos obedece la reciente ofensiva lanzada en contra de una de las colonias que está dentro del perímetro del terreno de propiedad federal, que hicimos referencia arriba, la Margarita Morán Véliz, agresión en la cual valiéndose de un pequeño grupo de personas, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Wilbert Luis Luis, y sus aliados trataron de manchar la imagen de las mesas directivas que llevan la gestión de regularización ante el INSUS, el INDAABIN y el procedimiento de prescripción positiva, así como del Ing. Rigoberto Santana Tapia, dirigente del Movimiento Antorchista en la zona.

 Estos trabajos de regularización obedecen a una necesidad de la gente, a la necesidad de más de 3 mil familias, y, por tanto, son una demanda y una lucha justa de la población, que merece el respeto y el apoyo moral de todos los ciudadanos bien nacidos. Y nos hemos tomado todo este tiempo para describirla por ser un proceso complejo, pero necesario para evitar confusión entre la opinión pública y entre los vecinos de dichas colonias. Las familias que habitan estos lotes son gente pobre pero honrada y trabajadora que están luchando por un derecho constitucional, el tener una vivienda, por tanto, debe apoyarse su lucha y exigir a las autoridades concluir el proceso de regularización.