Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva de un amparo promovido por una menor de edad a través de su padre, en cuya queja señaló la omisión del Gobierno Federal de vacunarla al decretar “el regreso a clases presenciales”, pero además esta medida cautelar tiene efectos generales.

De la misma manera en el resolutivo ordenó al Gobierno de México a actualizar la “Política Nacional de Vacunación” a fin de que todos los menores de edad del país de entre 12 y 17 años se les aplique la vacuna contra el Covid-19, esto amparado en que el derecho a la salud para todos los mexicanos se encuentra reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que México ha firmado.

Se lee en el resolutivo “Por lo anterior, se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, si no a todas las y los menores de edad de 18 años”, y se busca dar protección a ese sector de la población frente al Covid-19 que también afecta a los infantes.

Por lo anteriormente señalado, concedió a las autoridades un término de 48 horas, contado a partir de la recepción de la notificación para que de inmediato actualicen las políticas y lineamientos de vacunación a fin de inocular a los menores de la edad señalada líneas arriba con la vacuna Pfizer-BioTech que es la única que cuenta con autorización para su aplicación de emergencia por las autoridades sanitarias del país.

El incumplimiento de esta medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad previsto por el articulo 262 fracción III y 265 fracción I, de la Ley de amparo y sancionado por el numeral 215 del Código Penal Federal.