Xalapa, Veracruzz | La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) enfrenta un cambio de fondo que marca un antes y un después: el Gobierno del Estado decidió cerrar el paso al manejo discrecional del dinero y poner bajo control directo cada peso que ingrese a la institución.

Con la publicación del Decreto 496 en la Gaceta Oficial del Estado, la UPAV queda sujeta a un nuevo esquema de control financiero y presupuestal que, en los hechos, le corta la llave a prácticas opacas que durante años fueron señaladas por estudiantes, docentes y la opinión pública.

A partir de ahora, todos los ingresos de la Universidad —cuotas, derechos y cualquier otro concepto— deberán recaudarse exclusivamente a través de la Oficina Virtual de Hacienda del Gobierno del Estado, eliminando intermediarios, cajas negras y manejos paralelos.

Además, el Rector estará obligado a presentar un presupuesto anual específico, el cual deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno e incluir indicadores de desempeño y resultados, algo inédito en una institución históricamente señalada por la falta de rendición de cuentas.

El decreto también establece que todos los bienes y recursos de la UPAV pasan a considerarse dominio público del Estado, lo que los vuelve inalienables, inembargables e imposibles de usar como garantía o botín administrativo. En otras palabras: nadie podrá “hacer negocio” con el patrimonio universitario.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) asumirá la emisión de las normas de control presupuestal, mientras que la propia Universidad tendrá un plazo máximo de 90 días para emitir sus reglas internas de planeación y control financiero, bajo la lupa del Ejecutivo estatal.

Incluso los recursos captados antes de la entrada en vigor del decreto deberán ser conciliados, registrados e integrados formalmente al patrimonio de la UPAV, cerrando la puerta a viejos desórdenes contables.

En términos claros, el mensaje es directo: se acabó la autonomía para administrar el dinero sin vigilancia. La reforma no toca aulas ni programas académicos, pero sí va al corazón del problema: el dinero y su uso.

Para muchos, el decreto no es solo una reforma administrativa, sino una intervención quirúrgica en una institución que durante años fue señalada por permitir abusos, cobros irregulares y falta de transparencia. Hoy, al menos en el papel, la llave ya no está en manos de los de siempre.