POR: SAMUEL AGUIRRE OCHOA

El pasado 14 de julio elementos de la policía ministerial detuvieron y encarcelaron a la señora María del Refugio Rodríguez Morales vecina de la colonia Margarita Morán Véliz, sección 2 de la ciudad de Xalapa, debido a una denuncia interpuesta en su contra y de otras dos personas que también tienen orden de aprehensión, por parte del ayuntamiento xalapeño en el año 2015.

Los tres son miembros del Movimiento Antorchista que viven en esa colonia de manera pacífica e ininterrumpida desde hace hace muchos años, debido a que la Dirección General de Patrimonio del Estado, de ese entonces, les entregó esos lotes en los que construyeron sus casas.

¿De qué fue acusada la señora María del Refugio y los otros dos colonos? Por los probables delitos de despojo, daño ambiental y fraccionamiento indebido en áreas verdes. A pesar de que ninguno de los tres fue citado en algún momento fue solicitada y otorgada la orden de aprehensión en su contra, violando sus derechos fundamentales de audiencia y el principio de legalidad.

El 15 de julio se llevó a cabo la audiencia de imputación, en donde se pudo establecer por parte de la defensa de la señora María del Refugio, que no se acreditaba el delito de despojo, toda vez que el ayuntamiento de Xalapa en ningún momento acreditó la propiedad de las áreas verdes que reclama; en lo que se refiere al delito ambiental ya prescribió como consecuencia de que la acción persecutoria prescribe a los 3 años y medio y tomando en cuenta que las órdenes de aprehensión fueron giradas en octubre del 2016, a la fecha ya transcurrieron 3 años y 10 meses y, por tanto, también la acción persecutoria. En relación al supuesto delito de fraccionamiento indebido, es obvio que ellos no son responsables, pues sus lotes se los entregó la Dirección de Patrimonio del Estado.

En relación a esta última acusación, la señora María del Refugio está citada en el juzgado de Pacho Viejo para el próximo sábado por la mañana para la audiencia inicial de imputación. En el expediente deben existir documentos de los trámites que la Dirección de Patrimonio del Estado hizo ante el Ayuntamiento de Xalapa para solicitar el cambio de uso del suelo y otros documentos que demuestran el trámite de expropiación por causa de utilidad pública que realizó el Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, que demuestran la inocencia de nuestra compañera María del Refugio Rodríguez Morales y de los otros dos antorchistas, personas humildes y trabajadoras que hicieron infinidad de gestiones durante años para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

El hecho que la denuncia tenga más de 5 años de haber sido interpuesta y de que no se les haya concedido el derecho de audiencia a los tres denunciados, demuestra que se trata de una actitud represiva más del gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez en contra del pueblo humilde, para tratar de acallar el reclamo que desde hace 3 o más semanas vienen haciendo miles de familias en todo el estado de Veracruz para que se regularicen sus colonias en una gran cantidad de municipios. Por diversos medios, miles de familias han venido pidiendo al INVIVIENDA, a Patrimonio del Estado y a INSUS que hagan caso y den trámite a la regularización de predios que fueron adquiridos por administraciones de gobiernos anteriores para formar reservas territoriales y dotar de un lote de interés social a las personas que no tienen en dónde vivir y éstos lo vayan pagando conforme a un plan diseñado por la misma autoridad.

Es una acción contradictoria y represiva a todas luces, pues el mismo ayuntamiento de Xalapa, que supuestamente interpuso la denuncia, introdujo los servicios públicos de agua potable, drenaje, arreglo de calles y luz eléctrica en la colonia Margarita Morán, sección 2, en la cual viven los 3 compañeros hoy perseguidos judicialmente. Si no fuera legal la colonia, entonces por qué introdujeron los servicios. La colonia es legal, y es cierto que el proceso de regularización no ha concluido, al igual que en cientos de colonias de Veracruz: precisamente por eso la insistencia de las familias antorchistas y no antorchistas para que las dependencias del actual gobierno encargadas de la regularización trabajen en ello. El problema de la falta de escrituras en varios municipios del estado es real y debe atenderse por la autoridad.

Es una acción represiva más, porque el mismo Director de Patrimonio del Estado, en una declaración en los medios de comunicación dijo que no trataría con ningún antorchista y menos con sus dirigentes; es represión porque funcionarios de este gobierno han ido a las colonias a decirle a la gente que se salgan de Antorcha, que la traicionen, y se pasen a Morena, porque solo así les regularizarán sus colonias y les introducirán los servicios que aún falten. Pero los antorchistas son gente consiente y no van a traicionar a su organización porque saben que este actuar de las autoridades viola los derechos de organización, petición y libre manifestación que protege la Constitución de la República.

El mismo gobernador del estado Cuitláhuac García, en audiencia que sostuvimos en noviembre del año pasado, me dijo a mí, que tiene instrucciones precisas de arriba de no resolver nada a los antorchistas. En una reunión previa a su primer informe de gobierno ofreció al Comité Estatal del Movimiento Antorchista la realización de un número pequeño de obras e iniciar la regularización de las colonias, pero al mismo tiempo nos pidió no lo hiciéramos público, para que no lo regañara el presidente López Obrador pues él era su discípulo y debía alinearse. Pasó el informe de gobierno y se olvidó de su compromiso contraído.

Estas actitudes represivas, de mentir a los ciudadanos y no resolver los problemas de la gente, es lo que lo tiene como uno de los gobernadores peor calificados a nivel nacional; un gobernador sin interlocución con las diferentes corrientes políticas del estado, que utilizando el poder para beneficiar al partido que lo llevó al gobierno, aunque de dientes para fuera diga otra cosa.

Los antorchistas veracruzanos y de todo el país están informados de la posición del gobernador Cuitláhuac en contra de nuestro Movimiento, y estas órdenes de aprehensión son el fruto de una premeditada política de represión ordenada por el gobierno de Veracruz, por lo que nos preparamos a defendernos a nivel nacional. Por ningún motivo permitiremos que este gobierno, en lugar de ayudar a la gente a resolver sus problemas de vivienda, trate de quitársela con artimañas legaloides y además los encarcele. El gobernador está para garantizar los derechos constitucionales de la población, no para pisotearlos como lo está haciendo con la señora María del Refugio y los otros dos antorchistas.