¡Ese es mi gallo!

Por Luciano García-

2017 y 2018 son años electorales. Este año cuatro entidades federativas tendrán elecciones locales. Coahuila elegirá Gobernador, 25 diputados y 38 alcaldes. Estado de México lo hará con su Gobernador. Nayarit también sufragará para Gobernador, 30 diputados y 20 Ayuntamientos y Veracruz tendrá elecciones en 212 municipios. Y ni qué decir de la grande en 2018 donde votaremos por nuestro siguiente Presidente de la República.

Y no es de extrañar que ya estemos pensando en cómo nos va a ir con nuestros siguientes gobernantes. En qué otros grandes atolladeros nos irán a meter o en cómo le harán para revertir el daño causado a la economía y la sociedad por los actuales, si es que deciden hacerlo. Qué otros escándalos de corrupción serán develados (como si no se supiera desde ahora) y como vivirán junto a sus familiares (obviamente en la opulencia) después de su período. Depositamos las esperanzas de una mejor vida en sus manos, como si de ellos dependiera nuestra supervivencia, y nos enojamos al descubrir que a la mayoría de ellos simplemente no les importa el bienestar de la gente que representan. Y nos enojamos más cuando vemos que otra vez se postulan para un puesto público, cuando el que dejaron les quedó grande o chico, dependiendo del punto de vista.

Pero esas esperanzas no mueren. A pesar de las muchas decepciones, persistimos en la idea de que el siguiente será mejor que el anterior, aunque esa mejora solo se refleje en mayores fraudes y desfalcos mejor encubiertos. Seguimos pensando que el siguiente gobernante sí traerá beneficios. Que ahora sí trabajará y destinará recursos para pavimentar calles, remozar parques, iluminar sectores inseguros y promover la creación de fuentes de trabajo. En el caso de cargo presidencial, esperamos más y mejor infraestructura, menos impuestos, medidas económicas más eficientes y de todos queremos menos corrupción.

Pero un buen porcentaje de la población también espera beneficios inmediatos. Desde la torta con refresco por asistir a los mítines, hasta una buena cantidad de dinero en efectivo al momento de emitir el voto, pasando por la inclusión a programas de apoyo para obtener algún bien que probablemente se necesite, pero que la mayoría de las veces termina siendo objeto de comercio. Y unos cuantos apegados a los “líderes políticos” esperan ser incluidos en algún “grupo de trabajo” con la esperanza de obtener un buen sueldo y grandes privilegios con cargo al erario.

Demasiadas esperanzas depositadas en un candidato a servidor público.

Y es que parece ser que nuestra naturaleza jerárquica nos domina. Que se nos olvida que estamos en un orden social donde los miembros somos libres e iguales, las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales y la titularidad del poder se le atribuye a la ciudadanía. Esto es lo que se llama “democracia”.

Así, da la impresión de que no elegimos funcionarios, es decir, personas con capacidad de ejercer una empleo en favor del público, sino que las elecciones son para otorgar un título de nobleza o realeza y luego tratamos a ese nuevo “noble” como si fuera un dictador absoluto, capaz de mandar y hacer cumplir su voluntad sin importar la forma o los medios para lograrlo, al cual hay que alabarlo, procurarlo y quedar bien con él o ella a fin de que nos favorezca con su atención y conceda nuestras peticiones.

Nada más alejado de la realidad.

Un funcionario, también llamado funcionario público o empleado público, es una persona que cumple funciones en un organismo del Estado. Es de entenderse que de acuerdo a la naturaleza de tales funciones, el desarrollo de las mismas debe estar enfocado al bienestar común, más allá del prestigio y sus ambiciones personales. Se hace entonces necesaria una conducta intachable, una ética rigurosa y una preparación académica acorde al puesto, además de una indudable e incansable vocación de servicio, ya que son los representantes de las voluntades populares.

Estas son las características generales que los votantes debemos exigir en las personas que se proponen para representarnos y hay que estar conscientes de que sus capacidades son limitadas al contexto del cargo que ocupan. Pedirle algo que está fuera de su alcance o jurisdicción no solo es inútil sino que puede dar lugar a actos de corrupción, el mayor cáncer que pueda sufrir una sociedad. Tratar al funcionario como si fuera un superior también la descompone ya que, como se dijo anteriormente, el poder reside en la ciudadanía. Los funcionarios, en una democracia, son empleados del pueblo y no al revés, como puede serlo en una monarquía absoluta. Con este conocimiento podemos hacer elecciones de personas que verdaderamente sirvan a la comunidad todo el tiempo y no solo en tiempos electorales.