Fiscalía ejecuta 115 mandamientos judiciales en una semana
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Xalapa, Veracruz | Como resultado del fortalecimiento en las investigaciones ministeriales y un despliegue operativo en las diversas regiones de la entidad, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó la ejecución de 115 mandamientos judiciales durante el periodo comprendido del 17 al 23 de abril de 2026.
A través de la Dirección General de la Policía Ministerial, se logró la cumplimentación de 51 órdenes de aprehensión y la realización de 64 detenciones en flagrancia, abarcando delitos de alto impacto que vulneran la seguridad e integridad de las familias veracruzanas.
Resultados por regiones
El despliegue operativo permitió una cobertura integral en todo el estado, distribuyendo los resultados de la siguiente manera:
En la zona norte, las fiscalías regionales de Tantoyuca y Tuxpan reportaron un total de 22 acciones operativas, logrando capturas clave que contribuyen a la paz social en la región huasteca y totonaca.
En la zona centro, la Fiscalía Regional de Córdoba destacó con 20 detenciones en flagrancia, mientras que en Xalapa se reportaron 15 detenciones y 8 órdenes de aprehensión cumplidas. Por su parte, en Veracruz puerto se concretaron 7 acciones judiciales adicionales. Hacia el sur, en las regiones de Cosamaloapan y Coatzacoalcos, se sumaron 40 mandamientos ejecutados, reforzando la vigilancia en la cuenca y la zona industrial.
La Fiscalía General detalló que dentro de los mandamientos ejecutados se incluyen procesos por delitos de especial gravedad como homicidio doloso y feminicidio. Asimismo, se dio prioridad a la atención de delitos de índole sexual, cumplimentando órdenes relacionadas con violación y pederastia, además de acciones contra el narcomenudeo y delitos contra la salud.
Con estas acciones, la institución que encabeza la Fiscal General, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reafirma su compromiso de conducir las investigaciones con diligencia y transparencia. Las autoridades señalaron que el objetivo principal es garantizar que los presuntos responsables sean presentados ante la justicia y sancionados conforme a derecho, asegurando que ningún delito quede impune en el territorio estatal.
