Resulta revelador que en la más reciente Encuesta Nacional de Desempeños de los Gobernadores realizada por la encuestadora Arias Consultores, los dos mandatarios peor calificados del país hayan sido morenistas:

Miguel Barbosa de Puebla con una desaprobación ciudadana de 80.6 % y el veracruzano Cuitláhuac García Jiménez con 69.2 % de repudio. La decepción ciudadana se debe, en ambos casos, a los malos resultados de sus gobiernos en diversos sectores; a un mal manejo de la pandemia, tanto en el terreno económico y sanitario y a que, lejos de atender los problemas más urgentes de sus gobernados, se han dedicado a perseguir a sus adversarios políticos y a reprimir a quienes no comulgan con su forma de gobernar.

Ambos gobernadores han reaccionado muy mal frente a los embates de la pandemia, Veracruz ocupa el 4to lugar nacional en muertes por covid-19, con 2946 decesos, Puebla ocupa el 5to lugar con 2,684 pérdidas. En el caso de Puebla, según la misma encuesta, 77.5% de la población considera que no existe la capacidad hospitalaria suficiente para atender a los enfermos, lo que posiciona al gobierno Barbosa, como el peor en este rubro; por otro lado, solo el 19% de la población de Veracruz aprueba las medidas del gobierno de Cuitláhuac García para contener la propagación del virus, siendo en este rubro el peor calificado.

En el terreno económico, ambos gobiernos salen reprobados. En cuanto a brindar apoyos económicos o alimenticios para los sectores vulnerables que perdieron sus ingresos por la pandemia, el gobierno de Veracruz ha sido el peor del país, sólo 7.5% de los veracruzanos aprobó su actuación. En el caso de Puebla, solo el 9.5%. Tampoco existe confianza de los ciudadanos en que los gobiernos de Morena puedan ayudar a una buena reactivación: 73% de los veracruzanos y 83% de los poblanos creen que serán incapaces de instrumentar un plan para la recuperación de empleos.

En materia de seguridad, los dos gobiernos han hecho un mal papel. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 108 municipios de Puebla el índice delictivo se ha disparado hasta un 600%, además, la entidad es segundo lugar nacional en robo violento a transporte de carga; Veracruz, según la propia SSP, ocupa el primer lugar de feminicidios y segundo lugar en secuestros, por poner sólo algunos ejemplos. Naturalmente, este aumento de la criminalidad también abona al repudio ciudadano.

Pero, quizá lo más importante, lo que más explica el desencanto del pueblo hacia estos gobiernos sea que en ambas entidades existe un número inmenso de gente pobre: Veracruz, ocupa el 4to lugar nacional, con el 61% (5 millones de personas) de su población con alguna carencia social o sin ingresos suficientes para vivir; Puebla ocupa el 5to lugar con 6.2 millones de gente viviendo en condiciones poco dignas. Mucha gente votó por Morena, creyendo que su situación cambiaría, que sería verdad que la corrupción terminaría y que se pondría un alto al despilfarro y los lujos en el gobierno, para destinar más recursos a atender los problemas de la gente humilde. Sin embargo, la realidad ha probado absolutamente lo contrario.

Es revelador que, en el caso de Veracruz, el año pasado se hayan tenido que regresar a la Federación más de 3,284 millones de pesos, etiquetados para obra pública y que el gobierno de Cuitláhuac García no utilizó en beneficio de los veracruzanos. Una verdadera injusticia, cuando, según el Coneval, existen más de 3 millones de personas sin acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje o luz eléctrica; cuando 1 millón 300 mil no pueden acceder a los servicios de salud y 2 millones presentan rezago educativo. Pues bien, al no modificarse esta realidad, es comprensible que se repudie y se desapruebe a este gobierno.

 Más aún, en lugar de que tanto Barbosa como Cuitláhuac García se preocupen por dar resultados, sabedores del amplio descontento de la población en su contra, se han dedicado a promover reformas legales para concentrar el poder en sus manos, para quebrantar la división de poderes y para intervenir descaradamente en las elecciones del próximo año, temerosos de perder el poder. García Jiménez se ha blindado contra la revocación de mandato y recortado el presupuesto a los partidos de oposición; y Barbosa impuso prohibiciones a sus adversarios para que no puedan hacer uso de la propaganda electoral a la que tienen derecho en los próximos comicios, además, se ensañó contra el partido en formación Movimiento Antorchista Poblano dando órdenes al Instituto Electoral de Puebla para impedir su registro con argucias legales, a pesar de que el MAP cubrió los requisitos sobradamente,  afiliando a  45 mil 379 poblanos de los 11 mil 788 que les exigía la ley.